La iniciativa tiene el objetivo de concientizar acerca de los daños sonoros y ambientales que generan este tipo de artefactos cuando se encuentran en infracción, en el marco de las Ordenanzas 7.376 y 8.156.
Esta última normativa se encuentra vigente desde noviembre 2024, y habilita a la cartera de Seguridad a remover y retirar de la vía pública aquellos vehículos que no cumplan con las disposiciones sobre emisión sonora.
Durante el procedimiento, el intendente Eduardo Accastello señaló: ”Esto es parte de la emergencia vial que dictamos y que ha permitido al Municipio destruir primero 200 y hoy 146 caños de escape más, que están fuera de la normativa. Es una manera también de concluir con una etapa que inicia con los controles, con la prevención, incitándolos a que usen el casco, a que no usen ningún tipo de caños de escape fuera de las normas”.
Cabe mencionar que los dispositivos secuestrados fueron retirados por infringir las normativas municipales que establecen la prohibición de caños de escape no reglamentarios en relación a la emisión de ruidos por parte de motovehículos y automóviles particulares, lo que genera contaminación ambiental y sonora.
Es importante mencionar que los vecinos a quienes se les incauta su moto reciben una infracción y luego el Juzgado de Falta aplica la multa correspondiente.
Luego, al momento de restituir los rodados a sus propietarios, es requisito que se presenten caños de escape homologados, los cuales son instalados para cumplir con las regulaciones vigentes y preservar el bienestar de la comunidad.
Sobre la Ordenanza 8.156
La normativa local sancionada el año pasado establece que los vehículos deberán circular con el caño de escape original o uno similar que cumpla con las normas establecidas.
Los infractores tendrán la posibilidad de solicitar una prueba de emisión sonora y, en caso de que las emisiones resulten dentro de los límites permitidos, quedarán eximidos de multas y gastos de traslado.
Es importante destacar que los talleres mecánicos que realicen alteraciones en los caños de escape o coloquen dispositivos no reglamentarios serán sancionados con una multa mínima de 500 U.M.
Además, la ordenanza establece que quienes infrinjan esta normativa quedarán excluidos de beneficios sociales municipales, incluyendo asistencia alimentaria, subsidios y programas de medicamentos gratuitos, entre otros.
